Un sentimiento de rechazo, e incluso odio, que compartieron algunos de sus generales, absolutamente convencidos de que el Caudillo no debía perpetuarse el poder.
Tella, Aranda, Varela, Galarza, Solchaga, Ponte… todos comenzaron a presionar y trabajar para desplazar al dictador una vez terminada la Guerra Civil, poniendo en cuestión su opción del mando único y, en la mayoría de ellos, tratando de restablecer la monarquía, ese "
modo de gobierno genuinamente español, que hizo la grandeza de nuestra patria", tal y como escribieron a Franco algunos de estos militares a través de una carta.
El envío de ésta como medio de presión al jefe del Estado, en septiembre de 1943, no fue más que una de las acciones "conspiratorias" que estos militares llevaron a cabo, y por las que Franco actuó con la dureza y la urgencia necesarias como para eliminar rápidamente sus intenciones. A cada reunión secreta, un destino forzoso, una degradación, un destierro, un encarcelamiento o un envío a la reserva, sin importar las hazañas que hubieran acumulado estos generales durante la guerra.
Las primeras maniobras comenzaron en 1942. Al principio con conversaciones solapadas que no desembocaban en ninguna acción concreta y, después, a través de un comité encabezado por el letrado del Consejo de Estado
Eugenio Vegas Latapié (1907-1985), el encargado de tantear a estos generales, a los que consideraban necesarios en sus planes para ponerle las cosas difíciles al dictador.
Una de los primeras opciones fue que los alemanes ocupasen la península para permitir la creación de un Gobierno monárquico en el exilio, presidido por el general Aranda (1888-1979), uno de los mayores defensores de la restauración monárquica, y a quien el historiador Paul Preston, descalificaba como "el más enérgico y vocinglero de los conspiradores".
En cuanto Franco tuvo conocimiento de la primera reunión, ordenó el arresto de Latapié y del político
Pedro Sainz Rodríguez (Ministro suyo), quienes consiguieron huir en el último instante. El general Aranda, sin embargo, fue arrestado y liberado poco después por su condición de héroe de guerra. Pero esto no evitó que fuera paulatinamente retirado de los escalafones de poder: de la Capitanía general de Valencia, a la dirección de la Escuela Superior del Ejército y, en 1949, directamente a la reserva.
El peor parado fue el general laureado
Helí Rolando de Tella y Campos, un monárquico convencido (y durante un tiempo ayudante personal del Infante Don Carlos de Borbón), que conservaba su enemistad con Franco desde sus tiempos mozos en la Academia de Toledo.
En cuando terminó la guerra, Tella fue destituido como gobernador militar de Burgos y quedó en situación de disponible, acusado de participar en la conspiración monárquica. Con más carácter que Aranda, se atrevió a decirle a Franco
que él no había hecho la guerra para que se perpetuara en el sillón, sino para restaurar la Monarquía. Poco después fue enviado a la reserva y, más tarde, acusado de "irregularidades administrativas".
Tella, completamente apartado del Ejército, perdió el juicio con el paso de los años, obsesionado por la "injusticia" de la que decía había sido objeto, hasta que murió en 1967.
Alfredo Kindelan, pionero y creador de la fuerza aérea española, tuvo siempre claro que el poder civil y militar acumulado por Franco durante la guerra, en parte con su ayuda, debía acabar nada más terminada esta. El objetivo era, una vez más, dar paso a Don Juan de Borbón. Al resistirse Franco, ambos chocaron de tal manera que
el Caudillo terminó por arrestarle y humillarle publicamente al ofrecerle el Ministerio del Ejército del Aire a Yagüe, en contra de lo que todo el mundo pensaba que era lo justo.
Desde ese momento, la estrella de Kindelan comenzó a palidecer, siendo nombrado capitán general de Baleares con el único fin de quitárselo de encima. Tras la destitución de Aranda, el otro conspirador, Kindelan fue nombrado director de la Escuela Superior del Ejército, donde permaneció hasta su retiro.
Así fue ocurriendo con el resto de generales, militares, políticos y diplomáticos que apoyaron la Monarquía, de manera más o menos solapada o haciendo uso de toda la fuerza que fuera necesaria.
Desde la primeras reuniones conspiratorias del
coronel Ansaldo, al que le impuso seis meses de arresto en Cádiz (aunque consiguió evitarlos huyendo a Portugal), hasta las cartas de presión enviadas por un grupo de sus tenientes generales encabezados por el
general Varela ( el único con dos Laureadas) o el famoso "Manifiesto de los Diecisiete", firmado por los generales Ponte y Galarza, junto a otros 15 procuradores, con la intención de restaurar a Don Juan de Borbón, y que acabaron siendo destituidos.
También resultó un enigma la muerte por pistoletazo en un hotel de Barcelona del
Teniente General Bautista Sanchez, y Muñoz Grandes hería gravemente de un disparo al teniente
general Gallarza.
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