Una de las básicas necesidades de este país, ahora y siempre, era dotar de independencia al Poder Judicial, modificando el sistema de nombramiento de miembros.
El Gobierno está decidido a reformar la fórmula de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y volver al método que existía antes de 1985. Hasta esa fecha, 12 miembros eran elegidos por todos los jueces y magistrados en activo a través de candidaturas abiertas previa presentación de avales por un sistema mayoritario corregido.
A partir de 1986 se pervirtió el sistema, de manera que esos 12 magistrados acababan siendo elegidos también por las cámaras.
Igualmente, el Ejecutivo ha anunciado ya la apertura de una ronda de negociaciones con las fuerzas políticas a fin de proceder con carácter inmediato a la renovación del Tribunal Constitucional.
Cuando Felipe González modificó en 1985 la Ley del Poder Judicial para sustraer a los jueces la elección de sus 12 miembros en el CGPJ acabó de facto con la separación de poderes, uno de los principios esenciales del Estado de Derecho. A partir de ese momento, los 20 vocales pasaron a ser elegidos por el Parlamento, con las consecuencias desastrosas que de ello se han derivado.
Dado que del CGPJ dependen los nombramientos de quienes gobiernan la Justicia -desde el presidente del Supremo a miembros del Constitucional, pasando por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas-, los partidos de izquierdas no habian dudado en poner este órgano a su servicio.
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