En total, son once las personas que están imputadas en este caso, tres de ellos cargos o antiguos miembros del PNV, como el ex diputado foral Alfredo de Miguel.
Larrañaga, Viceconsejero de Miren Azkarate en la consejería de Cultura hasta el pasado año, es el único de los once acusados al que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, no ha podido tomar declaración ya que se encuentra fuera de España en estos momentos.En concreto, en Australia.
Este juzgado decidió ayer levantar el secreto del sumario, que consta de 19 tomos y 4.772 folios, tras dos meses de investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales y blanqueo de dinero en la mayor operación de ampliación de terrenos realizada en el parque tecnológico de Miñano.
Hasta ahora se conocía la imputación de ocho personas vinculadas al PNV, pero con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones se ha desvelado que también están procesados el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría, así como una empleada de este organismo, Miren Bilbao Larrauri, ambos del peneuvé.
Gurutz Larrañaga fue viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes desde julio de 2003, es decir, en la última parte de la segunda legislatura de Ibarreche, y continuó en la viceconsejería hasta hace un año, cuando fue cesado al llegar los socialistas al Ejecutivo.
El juez investiga dos contratos que el anterior Departamento de Cultura del Gobierno Vasco firmó en 2007 con la empresa Kataia Consulting, de la que son administradoras otras tres de las personas investigadas. Los contratos se firmaron por alrededor de 12.000 euros cada uno y estaban destinados a asesoramiento. Kataia Consulting ( empresa fantasma de ellos mismos) tiene como administradoras a Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu-Urrutia y Ainhoa Bilbao, tres de los once imputados en la supuesta trama de corrupción.
Ex cargos del PNV, todos.
Las investigaciones desarrolladas durante los dos últimos meses han ampliado también el número de delitos que se imputan a los presuntos miembros de la trama, ya que además de los de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se les acusa de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental en documentos públicos, privados o mercantiles y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
El sistema del saqueo a las arcas públicas era mediante una empresa, entre otras, llamada ERREXAL, propiedad de varios de ellos (peneuveros). Errexal contrata habitualmente con distintas administraciones -fundamentalmente ayuntamientos del Valle de Ayala-, pero la investigación del juzgado de instrucción número 4 de Vitoria se centra en las otorgadas por el Departamento de Cultura durante la pasada legislatura, bajo el mandato de la consejera nacionalista Miren Azkarate. Y, más en concreto, en conocer los expedientes de más de una decena de adjudicaciones a la mencionada empresa y las órdenes de pago resultantes, firmadas todas por el viceconsejero Gurutz Larrañaga.
Tellagorri
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