Garzón hará un flaco favor a la causa de la Justicia universal al entrar en nómina del Tribunal Penal Internacional (TPI), que sufrirá una grave merma de su prestigio si contrata a una persona con tres procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo.
Una institución fundada por los Estados democráticos para acabar con la impunidad de los crímenes de los dictadores no puede emplear como consultor externo a un juez al que se le acusa de delitos tan graves como prevaricación, cohecho impropio y escuchas ilegales.
Si para el TPI contratar a Garzón es un descrédito, el trabajo en La Haya supone para el magistrado estrella la coartada perfecta para intentar eludir una suspensión temporal como juez, que se halla a punto de producirse.
Luciano Varela (Magistrado del Tribunal Supremo) está ultimando el auto por el que va a dictar apertura de juicio oral en el caso de las desapariciones del franquismo, lo que implicaría que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que apartarle de inmediato. A Garzón.
¿Debe concederle el Consejo ese status y permitirle abandonar su plaza en la Audiencia sin ser supendido?
Por un lado, no parece que un contrato de asesoría externa pueda considerarse como un servicio especial. Otra cosa es que el TPI le hubiera ofrecido un puesto como magistrado, algo que no ha hecho. Y por otro lado, Garzón es el juez que ha disfrutado de más permisos en los últimos años.
Hay motivos para denegarle su petición, pero si el CGPJ decide aceptar que se vaya a La Haya para quitarse un problema y Exteriores informa favorablemente, nada cambiaría en la situación procesal de Garzón.
El juez de la Audiencia Nacional es un virtuoso a la hora de arrojar cortinas de humo y desviar el centro de atención de los debates. Sin ir más lejos, ayer presentó un insólito escrito en el Supremo en el que acusa al magistrado Martínez Arrieta de haber violado sus derechos al rechazar de plano la recusación de Luciano Varela.
Está claro que Garzón está prefabricando un motivo para recurrir al Constitucional -si le condenan- con el argumento de que el Supremo ha violado sus derechos. Pero también la maniobra está condenada al fracaso porque cada día resulta más evidente que Garzón recurre a sembrar de obstáculos los procedimientos, con tácticas puramente obstruccionistas, ante la falta de consistencia de sus posiciones de fondo.
Ninguna de sus argucias le va a servir porque esta vez la Justicia se ha puesto en marcha y ni siquiera los poderosos protectores de Garzón van a lograr paralizar su engranaje.
COSTA UROLA
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Según he oido hoy el nuevo cargo le supondría un sobresueldo de 3.000 euros mensuales, lo que no está nada mal.
ResponderSuprimirEste ex diputado socialista se cree impune y con derecho a enriquecerse en su puesto. Un lince, vaya.
Pero el cargo le va como anillo al dedo: un inútil en una institución inútil y muy politizada, con ansias de protagonismo, portadas y dinero.
Resume muy bien sus ambiciones.
ASPIRANTE
ResponderSuprimirSí, lugar adecuado, en teoría, para sus aspiraciones. Pero tal para cual, el ocupante del cargo y el cargo.
Más, no le va a servir para huir de sus responsabilidades penales ante el Tribunal Supremo.