La decisión del juez se adoptó contra el criterio del fiscal Juan Moral.
Una semana antes, Grande-Marlaska había impedido viajar a Irlanda del Norte a Arnaldo Otegi y a Pernando Barrena para intervenir en un mitin del Sinn Fein. La decisión también contó con la oposición de la Fiscalía, que no veía inconveniente en que ambos abandonaran el país.
La Fiscalía, parafraseando a su jefe, Cándido Conde-Pumpido, ya se estaba manchando con el polvo del camino: esto es, poniendo todo de su parte para facilitar la negociación con ETA. A la hora de analizar el chivatazo no se puede perder de vista el contexto en el que se produjo.
El 23 de marzo de 2006, ETA anunció públicamente la tregua. Desde hacía meses se venía especulando con la idea de un alto el fuego. De hecho, desde el comienzo de su mandato, esa fue la principal obsesión de Rodríguez Zapatero.
Y el diseño de la cúpula policial que hizo el presidente ya en su primer Gobierno respondía a ese objetivo. El nombramiento de Víctor García Hidalgo como máximo responsable de la Policía y la Guardia Civil no se puede entender si no es en clave de negociación.
García Hidalgo fue responsable de seguridad del PSE y había sido gobernador civil de Álava. No olvidemos que el máximo avalista del proceso negociador en las filas socialistas es precisamente el presidente del PSE, Jesús Eguiguren.
Dos semanas después de anunciar ETA la tregua, Zapatero reestructuró su Gobierno, situando al frente de Interior a Alfredo Pérez Rubalcaba. Coloca a su hombre de confianza, José Antonio Alonso, en Defensa y elige para llevar desde Interior el proceso negociador a una persona cuyas características cuadran mucho mejor con lo que se requería en ese momento del ministerio ejecutor de la lucha contra ETA.
Es decir, que Zapatero había puesto toda la carne en el asador para que su principal apuesta política de la primera legislatura, el fin de ETA, saliera bien.
Claro, no contó con los jueces. Garzón probablemente hubiera estado más en sintonía con los tiempos, pero en 2006 se encontraba en Nueva York dando cursos patrocinados por el Banco Santander.
Sustituyéndole en su juzgado estaba Grande-Marlaska, un desconocido a quien probablemente el Gobierno subestimó.
Esa fue la pieza que falló. De no haber sido así, tal vez ahora no sabríamos nada del famoso chivatazo.
Como ya ha explicado con todo detalle Fernando Lázaro, el día 3 de mayo el juez Grande-Marlaska decidió poner en marcha al día siguiente una operación (que era la culminación de dos investigaciones en paralelo desde Francia y España, iniciadas en 1998) para desmantelar la llamada trama de extorsión de ETA.
Es decir, para detener a los encargados de organizar y cobrar el llamado impuesto revolucionario, una de las principales vías de financiación de la organización terrorista.
Y fue el día 3 porque precisamente ese día la Policía detectó una reunión celebrada en Oyarzun entre Joseba Elosua (propietario del bar Faisán de Irún), el dirigente del PNV Gorka Aguirre y el etarra Ramón Sagarzazu, en la que, supuestamente, el peneuvista entregó el dinero proveniente de la extorsión empresarial para que, al día siguiente (el 4 de mayo), lo recogiera en El Faisán otro etarra, José Luis Cau.
La noche del 3 de mayo se produjo una larga conversación (detectada por el equipo policial dirigido por Carlos G. que ha investigado el chivatazo) entre el jefe superior de Policía de Bilbao, Enrique Pamiés y su jefe, García Hidalgo.
En esa conversación, el primero le habría informado al segundo de la inminencia de la operación policial, información transmitida por dos policías que hacían de topos, uno en Francia y otro en España.
El 4 de mayo, un inspector jefe de policía destinado en Vitoria (donde ejerció García Hidalgo como gobernador civil) entró en El Faisán y le entregó su teléfono al propietario del bar, Elosua.
Al otro lado, los investigadores suponen que estaba Pamiés, que es quien le avisó de que había preparada una operación para detenerle a él y a Cau cuando se produjera la entrega del dinero. Le informó, además, de que él era el responsable del operativo y, para demostrárselo, le reveló que conocía su reunión del día anterior en Oyarzun y le avisó de que no hablara por el móvil porque estaba pinchado.
Lo que no le dijo el jefe superior de Policía, tal vez porque no lo sabía, es que su coche estaba balizado. Y por eso sabemos que se produjo un chivatazo.
Elosua, tras la insólita conversación telefónica, subió a su coche, acompañado de su yerno, para dirigirse a Francia a avisar a Cau. Y fue en ese trayecto en el que le contó a su acompañante la conversación con el jefe policial, quien concluyó su aviso con esta esclarecedora confesión: "No vamos a joder la negociación".
Los policías que escucharon esa conversación no podían ni creérselo.
Se ha dicho, lo reconoce el propio García Hidalgo, que el chivatazo tenía como fin impedir la detención Gorka Aguirre ( jefazo de PNV), porque ese mismo día Zapatero recibía en Moncloa al entonces líder del PNV, Josu Jon Imaz.
Puede ser una de las causas. Pero no la principal. Lo fundamental era que ETA percibiera que el Gobierno no quería "joder la negociación". De hecho, hay un mal que ya no tiene remedio. Desde el 4 al 20 de mayo, en que Grande-Marlaska llevó a cabo las detenciones, ETA tuvo tiempo de destruir mucha documentación e incluso poner a buen recaudo a alguno de sus jefes.
Grande-Marlaska tenía tan claro el terreno resbaladizo que pisaba, que cuando llevó a cabo las detenciones se limitó a informar a la Fiscalía, sin contar con ella previamente, como es habitual, por si las moscas.
La Fiscalía pide ahora el archivo del caso porque dice que no se ha podido identificar a los autores de las conversaciones. Es decir, quiere echar tierra sobre el asunto.
casimiro.g.abadillo@elmundo.es
NOTA
Un gobierno de conniventes con terroristas y el peor hecho sucedido en España desde el atentado del 11_Marzo 2004.
COSTA UROLA
el chivatazo del gobierno a
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